Uno de los países que registra más casos, mediáticos o no, después de los gigantes (México, Colombia y Brasil) es Venezuela. Sin desmerecer los éxitos recientes del presidente Hugo Chávez respecto a la liberación de secuestrados por las FARC en Colombia, el problema que el bolivariano enfrenta en su propio territorio es mayúsculo. Mientras los raptos en Colombia llevan cinco años bajando, hay quien dice que Venezuela ya supera a su vecino.
El simpar Hugo Chávez puede declarar que Estados Unidos quiere secuestrarle como hizo con el ex presidente panameño Manuel Antonio Noriega en 1989, pero si algo no falta últimamente en Venezuela son profesionales del rapto. De hecho, mientras Chávez lideraba el operativo internacional para liberar a Clara Rojas en la selva colombiana, las cifras de 2007 mostraban casi un 50 por ciento más de secuestros que el año anterior. Al mismo tiempo, la ONG local Por una Venezuela Libre de Secuestros criticaba al presidente por negar la gravedad del tema en su propio país, donde la inseguridad llevó a reinstaurar el toque de queda en algunas zonas.
A mediados de junio de 2008 se hizo público que en un semestre se denunciaron una media de ocho secuestros exprés por semana, y se produjeron tres más, la gran mayoría con mujeres y niños entre sus víctimas. Por algo la película venezolana más taquillera de la historia se titula Secuestro Express, y está coproducida por la estadounidense Miramax.
La capital Caracas, el estado de Zulia o Maracaibo acaparan la mayoría de casos y protagonizan protestas populares contra la inseguridad. Políticos, comerciantes, productores agropecuarios y colonias extranjeras (con la italiana a la cabeza) son sus principales víctimas. ¿Cómo llegó la empetrolada Venezuela hasta aquí? Pues por el camino habitual: empezando por el auge guerrillero de los años sesenta y setenta del siglo pasado, que se sufragó en parte con los secuestros de políticos y embajadores. Les pasó a James Chenault y Michael Smolen, jefes de la misión militar de Estados Unidos en Caracas; al hermano del canciller Ignacio Iribarren Borges, asesinado en 1967; y sobre todo al también norteamericano William Frank Niehous, ejecutivo de la Owen Illinois que en 1976 fue secuestrado por la llamada Organización de Revolucionarios y pasó tres años cautivo.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) sobrevivieron a aquella época, operan ampliamente en Venezuela y tienen en Hugo Chávez a su principal aliado internacional. Pudo comprobarse durante la liberación de Clara Rojas en enero de 2008, que está detallada en el capítulo dedicado a Colombia. Los antológicos intercambios de adjetivos no precisamente cariñosos entre Chávez y su par colombiano, Álvaro Uribe, sobre la cuestión de los secuestrados por la guerrilla colombiana vienen de largo: ahí está el escándalo diplomático que provocó la captura en suelo venezolano del canciller de las FARC Rodrigo Granda, obra de agentes secretos colombianos que en 2004 se lo llevaron a su país.
Entre las muchas acusaciones de complicidad entre Chávez y las FARC que corren por ahí está la del secuestro extorsivo. El líder paramilitar colombiano René Acosta Rodríguez, alias Comandante 101, declaró en una entrevista al diario El Tiempo que el gobierno de Hugo Chávez y las FARC tuvieron que ver con el secuestro en julio de 2000 del venezolano Richard Boulton, uno de los hombres de negocios más ricos del país. Boulton tenía 36 años cuando un comando de paramilitares se lo llevó de su casa de Tocuyito. Lo retuvieron dos años en una hacienda ganadera del estado de Carabobo, hasta que fue entregado a la Cruz Roja Internacional en los Llanos Orientales colombianos. El Comandante 101 afirma que militares venezolanos recibieron los cuatro millones de dólares que pagó la familia Boulton por la vida de Richard.
Pero para hablar de secuestros en Venezuela no hace falta centrarse en la situación colombiana. Hablemos de deporte. A falta de futbolistas estrella, Venezuela exporta jugadores de béisbol a las Grandes Ligas de Estados Unidos. Es el caso de Ugueth Urbina, lanzador de los Tigres de Detroit, cuya madre fue raptada en su propia casa de Caracas en septiembre de 2005 por cuatro falsos policías, que exigieron tres millones de dólares para liberarla.
Hablemos de cine. Como dijimos, la capital también es el escenario de la muy taquillera Secuestro Express. Ni las tensiones diplomáticas entre ambos países pudieron evitar el éxito de esta coprodución venezolano-estadounidense. Y eso que su director, Jonathan Jakubowicz, acusó al Centro Nacional de Cinematografía (CENAC) de rechazar por razones políticas la candidatura del filme a los Oscar de Hollywood por la mejor película extranjera de 2005. El día de su estreno en Los Ángeles, una de las invitadas fue la actriz mexicana Salma Hayek, amiga de la protagonista, la argentina Mía Maestro. Declaró la bella Hayek al respecto: “Ojalá que los gobiernos de Latinoamérica le den la importancia que se merece a este tipo de delitos”.
Hablemos de Italia. Una de las colectividades extranjeras más castigadas por el secuestro en Venezuela es la italiana: casi una treintena de italiani all’estero afincados en Venezuela padeció un rapto durante 2007. Ya el 29 de marzo de 2006 hallaron a 450 kilómetros de Caracas el cuerpo sin vida de Filippo Sindoni, un industrial siciliano de 75 años que llevaba cinco décadas en el país. Amigo personal de Hugo Chávez, magnate de la pasta y dueño de un diario y un canal de televisión locales, Sindoni había salido dos días antes de un centro comercial de su propiedad en Maracay. En una calle cercana cuatro falsos policías le hicieron detener el vehículo en que viajaba, golpearon al chófer en la cabeza y se lo llevaron. Chávez en persona se comprometió públicamente a asistir a su viuda, Basilia Sgrò, que esos días se encontraba en Milán junto a su hija psicóloga. Filippo Sindoni había sido nombrado Caballero del Trabajo en 1998 por el entonces presidente de Italia Oscar Luigi Scalfaro.
Al momento de su asesinato, otros cinco italianos seguían en cautiverio en territorio venezolano. Uno de ellos, la napolitana de 36 años Anita Capuozzo, fue liberada en septiembre del mismo año en Caracas, tras convencer a uno de sus captores de que la dejara huir y terminar así con un año y once días de cautiverio. Igualmente afortunados fueron una empresaria italiana y su hijo de tres años, que en enero recobraron la libertad dos meses después de su secuestro. Quien no vivió para contarlo fue un empresario de Bolonia asesinado en mayo de 2007 durante un intento de secuestro en Caracas. Le sigue en la lista el joven de 18 años Matthew Short de Panfilis, hijo de un empresario y de una genovesa. Cuando cuatro personas lo secuestraron el 17 de julio en Maracaibo, ese año sumaban 108 los raptados en Venezuela: de ellos 51 habían sido liberados, 41 seguían cautivos y cinco habían muerto. El elenco de italianos siguió con Domenico Cicri, de 84 años, dueño de dos estaciones de servicio que fue secuestrado en el estado de Yaracuy.
Y no termina ahí: a fines de 2007 e inicios de 2008, Venezuela parecía el escenario de una secuela de El Padrino. El 11 de diciembre secuestran el joven Ender Ramaglio, encargado de la discoteca del complejo hotelero que su padre gestiona en Yaracuy. Se dirigía al trabajo en su Ford Fiesta verde acompañado de dos operarios cuando varios hombres asaltaron el vehículo, ataron a sus acompañantes y se lo llevaron. Queda libre el 12 de diciembre, y el 13 le toca el turno a Giuseppe Ceccarelli, que a sus 74 años ve cómo varios hombres con la cara cubierta ingresan a su empresa en la zona industrial de Maracaibo y lo secuestran hasta el 17. Justo tres días antes de que también liberen al palermitano Sebastiano Li Cavoli, dos años mayor que él y desaparecido desde el mes de octubre. A fines de enero de 2008, Giancarlo Domenicone Gallo se dispone a pagar a los obreros que construyen una casa de su propiedad en el estado de Vargas, cuando se lo llevan en camioneta hasta Valencia, a 150 kilómetros de Caracas: será hallado a los cinco días. Justo la mitad de los que en febrero pasará cautivo el ingeniero Luigi Rossi, de 40 años y natural de Pescara.
Algunos ejemplos más para rematar 2008. El 23 de julio (el mismo día que salió a la red el blog con la primera versión de esta obra en PDF), el italiano Ilario Cappelletto, de 52 años, es asesinado delante de su hijo en Isla Margarita, después de retirar manos de 1.000 euros de un cajero automático. Días después, el secuestrado Armando di Battista termina un cautiverio que duraba desde el 8 de julio. El 14 de agosto, Guido Mancini es raptado por cuatro hombres: la víspera de un viaje que tenía programado a Italia, y el mismo día en que la Asamblea Nacional trata una ley antisecuestro en venezuela. Tras las advertencias de la familia sobre su delicada salud, Mancini será liberado una semana después. Su secuestro fue el número 70 en sólo ocho meses de 2008 en el estado de Zulia.
La víspera del caso Mancini, Bartolomé De Vita Ramos también es secuestrado en Caracas; un indigente encontrará días después su cuerpo con diez balazos en un solar. De Vita tenía 52 años, tres hijos y no era adinerado: tenía un negocio de compraventa de autos usados. Probablemente fue elegido al azar. A las tres horas del secuestro, su familia ya había pagado los diez mil bolívares fuertes del rescate. Les dijeron que iban a liberarlo. No hubo denuncia policial. La misma semana del hallazgo, el comerciante de origen libanés Lincoln Edward Deane Rodríguez es asesinado ante su familia cuando varios hombres intentan ingresar a su camioneta en un local de comida rápida. Su muerte es la número doce del año por causa de secuestros en el país. ¿Otros? El joven de 20 años Miguel Segundo Chorio, raptado y asesinado en sólo 48 horas en Mérida; Ramón Pérez, asesinado en Zulia por impedir que se llevaran a su mujer; el comerciante español Raimundo Reinoso, cuyo cuerpo fue lanzado al río en Barlovento…
Ya que estamos, hablemos de españoles secuestrados. A fines de mayo de 2007, la policía venezolana rescata a los tiros al empresario agrícola Nicolás Alberto Cid Souto, de 76 años, natural de Orense y presidente del Grupo Souto. Había sido secuestrado un mes antes en el céntrico estado de Cojedes. En agosto del mismo año, le tocó el turno a dos niños de diez y doce años secuestrados junto al tío, David Barreto, y a un hijo venezolano de éste, de diez años. Fue en el estado de Táchira, cerca de la frontera con Colombia, donde desde diciembre de 2005 el Ejército de Liberación Nacional (ELN) secuestró a más de un centenar de personas —uno por semana de media—, incluidos varios españoles. Y en octubre de 2007, el empresario Juan José López Quintero fue capturado por un grupo muy profesional, y liberado tras el pago del rescate. En septiembre de 2008 la víctima mortal es el empresario canario Juan Eugenio Martín Rodríguez, que llevaba cuatro décadas en el país. Raptado a la salida de su negocio de repuestos de automóvil, pasa 72 horas cautivo sin tomar la medicación que tenía prescrita después de ser operado del corazón. Su familia abona 118.000 de los 166.000 euros que exigen por su vida, y esperan en vano su liberación. Juan Eugenio aparece a diez kilómetros de su taller en el estado de Barinas, con el cuerpo calcinado y al menos una bala en la cabeza.
Sin embargo, el hallazgo más macabro vinculado con colectividades extranjeras tuvo lugar a fines de marzo de 2006. Era un martes cuando aparecieron bajo unas torres de alta tensión los cuerpos de los hermanos John (17 años), Kevin (13) y Jason (12) Faddoul Diab, todos ellos en posición fetal y con disparos en la nuca. De padre canadiense con 20 años de residencia en el país y madre venezolana (ambos descendientes de libaneses), los chicos residían en un barrio al suroeste de Caracas. Junto a ellos también estaba el cadáver de Miguel Rivas, el chófer de la familia. Los cuatro habían desaparecido el 23 de febrero cuando se dirigían al colegio, y al parecer fueron interceptados por un grupo de falsos policías. Hasta entonces el caso venía siguiendo la sucesión típica de hechos: las llamadas de los secuestradores (con acento colombiano), la exigencia del rescate (cuatro millones y medio de dólares) y la prueba de vida (un vídeo).
Los menores aparecieron en el estado de Miranda, a 40 kilómetros de la capital del país. Las palabras de Gladys Diab de Faddoul, la madre de los chicos (“Me rompieron el corazón y me arrancaron el alma”) conmovieron e indignaron a los venezolanos, que tenían presentes los 9.402 homicidios sucedidos durante 2005 en Venezuela. Y protestaron. Lo hicieron en cinco puntos distintos de Caracas al mismo tiempo. Cortaron un puente de acceso a la autopista. Pintaron la palabra “LUTO” en las ventanas de coches y autobuses. Quemaron neumáticos. Se lanzaron gases lacrimógenos y balas de goma. Una imagen concreta de esas manifestaciones se vio en los cinco continentes: la que el fotógrafo Jorge Aguirre, del diario local El Mundo, le sacó desde el suelo al presunto policía que le acababa de disparar de muerte durante los disturbios.
Hablemos de 2008. A fines de enero Erick Eduardo Lapi, hijo del ex gobernador de Yaracuy, fue secuestrado dentro de su propio vehículo en Barquisimeto. La semana siguiente, en el sector La Quebrada del estado de Zulia morían el productor agropecuario Eustacio Galindo y su chófer, después de que su vehículo chocara al resistirse a un intento de secuestro. El mes anterior, después del asesinato del comerciante Andrea Espósito en las mismas circunstancias, se habían aprobado a toda prisa leyes antisecuestro en Zulia, que con 75 raptos (o sea, siete por mes) lideró el ranking en todo el país, seguido por Barina (31 casos) y Táchira (28). Según la Federación Nacional de Ganaderos, 246 productores rurales fueron secuestrados durante 2007 (especialmente en el confín colombiano), doce de los cuales perdieron la vida.
Hablemos, pues, de Zulia. En febrero de 2008, el día después de la liberación del italiano Luigi Rossi, terminan felizmente los once días de secuestro de María Chiquinquirá, de tan sólo doce años. La raptaron a las seis y media de la mañana de un miércoles en la urbanización San Miguel de Maracaibo, en el estado de Zulia. Cuatro encapuchados ingresaron con un auto gris en el garaje de la casa familiar, entraron por la cocina y arrancaron a María de los brazos de su madre mientras la encañonaban. Fue el primer acto de un día nefasto para el Zulia. Una hora después, siete hombres subidos en un Swift gris y un Mazda azul secuestraron a la estudiante Yosmabel Ojeda, de 16 años, que estaba con sus padres en la puerta del negocio familiar. Y hacia el mediodía, dos sujetos interceptaron a Giuseppina Farruggio Cardozo, de 33 años, y se la llevaron en su propio Renault Logan azul oscuro. En total, tres secuestros en sólo seis horas en la misma localidad. Cuando María Chiquinquirá fue liberada a los once días de cautiverio, Zulia sumaba 14 secuestros en menos de un mes y medio, la mayoría con víctimas mujeres.
Febrero fue un mal mes para salir de casa en Venezuela. Que se lo pregunten a la treintena de clientes del Banco Provincial de Altagracia en Orituco que pasaron 36 horas en sus oficinas como rehenes de unos asaltantes, mientras las cámaras retransmitían la negociación en directo a medio mundo. El 23 de marzo, en el límite de Zulia con Mérida, cae asesinado César Pérez Moreno, de 45 años, tras resistirse a ser secuestrado en su finca La Mano de Dios. En menos de tres meses de 2008 Zulia ya sumaba 34 secuestros. La víctima mortal de abril es Dannys Aguaje, de 23 años, familiar del viceministro para los Pueblos Indígenas. A los tres días apareció su cuerpo a orillas del río Sarare, en Guasdalito, en el estado de Apure. Pagaron el rescate cuando ya estaba muerto: inhaló gases tóxicos cuando lo encerraron en el maletero del coche. Aguaje, que tenía dos empleos, trabajaba como taxista de noche.
En mayo, otro intento de secuestro al ingresar a su casa termina con la vida del diputado de Primero Justicia, Alberto Crisafi, en Los Chorros. Al intentar huir con su auto, un disparo en la aorta le hizo estrellar el vehículo. Y de nuevo en Caracas, junio trae la noticia de que cada vez más mujeres, menores y familias completas padecen secuestros exprés en Venezuela. A menudo el marido es liberado para que consiga dinero para salvar a su familia; en ocho de cada diez casos, las víctimas son mujeres y niños. Ellas son abordadas cuando salen solas del supermercado, y sus captores identifican sus vehículos pegándoles calcomanías. La mayoría de cautivos son capturados los fines de semana a manos de funcionarios en activo o ex policías, y terminan en un motel en las afueras de la capital.
No es de extrañar que Maracaibo viviera su propia marcha de protesta contra la inseguridad en junio de 2008, frente al auge de secuestros y la reciente liberación de José Javier Villalobos en una hacienda del sector de Las Latas, en el Moján. Había sido secuestrado en su hacienda de Cachiride.
El secuestro en Latinoamérica 