Generosa, escondida y entreverada como su superficie es la historia del rapto a la peruana. Según la teoría de Hiram Bingham, el descubridor de las ruinas de Machu Picchu, el español Francisco Pizarro sería el primer secuestrador reconocido de la historia de Perú. Bingham se refiere a un famoso episodio de 1532, cuando Atahualpa, el último emperador inca, acudió a Cajamarca con 30.000 súbditos desarmados para encontrarse con las tropas españolas. Los indígenas fueron masacrados y Atahualpa apresado. Aunque algunos cronistas recuerdan la amistad surgida entre el cautivo Atahualpa y Pizarro (de quien incluso se dice que lloró en su funeral), los españoles cobraron por la libertad del inca un tesoro hoy incalculable: dos habitaciones llenas de oro y una de plata. Pero ni el oro del Templo del Sol en Cuzco, ni las estatuas, vasijas, ídolos, altares, fuentes y máscaras traídas de todo el imperio inca bastaron: el metal terminó fundido, Atahualpa ahorcado y los incas sometidos.
De regreso al siglo XX, dos de los grupos armados más importantes y duraderos del continente fueron los peruanos Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), responsables de numerosos secuestros y acciones terroristas. Durante la década de 1980, la guerra feroz entre el ejército y la guerrilla terminó con la vida de 70.000 ciudadanos, campesinos y combatientes. La receta impulsada por Alberto Fujimori, que presidió Perú durante toda la década siguiente hasta su renuncia durante una visita a Japón, se resume en tres ingredientes: liderar un autogolpe, aplicar el terrorismo de Estado e impulsar la corrupción generalizada.
El episodio más conmocionante de rapto que se recuerda de todo el fujimorismo fue perpetrado por 14 guerrilleros del MRTA, que el 17 de diciembre de 1996 tomaron a cientos de rehenes durante una recepción en la embajada de Japón en Lima. El mundo entero siguió durante 126 días las negociaciones entre el gobierno de Fujimori y el comando, que exigía la libertad de 440 guerrilleros recluidos en todo el país. Tras la liberación paulatina de gran parte de los secuestrados, el 22 de abril de 1997 un grupo operativo de 140 hombres entró en la sede diplomática, terminando con la vida de todos los guerrilleros y de dos de los 72 rehenes que permanecían retenidos.
El sangriento desenlace no eclipsa un hecho de mayor gravedad y en absoluto episódico: la banda de secuestradores, asesinos y torturadores más activa en Perú durante la década de 1990 procedía del mismo gobierno. A fines de 2005, Amnistía Internacional publicó un informe sobre las violaciones de derechos humanos en Perú durante el mandato de Fujimori entre 1990 y 2000, que fueron sistemáticas y avaladas oficialmente por la impunidad. Esas acusaciones le valieron a Fujimori la detención en Chile en noviembre de 2005 tras su exilio en Japón. En septiembre de 2007 un tribunal chileno aceptó su extradición a Perú, donde tiene una veintena de causas penales pendientes por delitos como el secuestro de personas. De hecho, durante el juicio por una de ellas en 2008, el primer ministro Jorge del Castillo presentó pruebas de que fue secuestrado cinco días durante el autogolpe de Fujimori en abril de 1992, cuando ejercía como diputado. El otro proceso célebre a la cúpula fujimorista lo protagoniza el ex jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y asesor presidencial Vladimiro Montesinos, detenido desde 2001 en Perú y condenado a 35 años. Montesinos también tiene pedidos de extradición en Colombia por vender armas a la guerrilla colombiana.
En 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió anular la amnistía que Fujimori decretó para el llamado Grupo Colina, un comando paramilitar del SIN responsable de crímenes durante la guerra sucia que Fujimori desató contra Sendero Luminoso y el MRTA. Entre otros crímenes, se atribuye a este escuadrón de la muerte la masacre de quince mujeres, hombres y niños en Barrios Altos (Lima) en 1991, la desaparición y asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad de La Cantuta, además de nueve vecinos de la localidad de El Santa (Ancash) y del periodista Pedro Yauri Bustamante en 1992.
Cuando el informe de Amnistía fue publicado, 57 personas vinculadas al Grupo Colina (incluido el propio Montesinos) estaban siendo procesadas en Perú, y tres de los acusados habían reconocido los crímenes de que les acusaban. En su día, el jefe del Grupo Colina, el mayor Santiago Martín Rivas, fue ascendido por el propio Fujimori, que más tarde le benefició con un indulto. El informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación cifra en casi 70.000 los muertos y desaparecidos en Perú entre 1980 y 2000 a consecuencia del conflicto armado interno. Casi la mitad de las víctimas serían atribuibles a Sendero Luminoso, un tercio a agentes del Estado y una cuarta parte sería obra del MRTA, grupos paramilitares, comités de autodefensa y otros. Según cálculos no oficiales, la cifra total de secuestrados y desaparecidos durante la década de 1990 en Perú podría rondar las cinco mil personas.
Un último rapto vergonzante a manos del gobierno alcanzó en 1999 a Alfredo Bryce Echenique, uno de los escritores peruanos de más prestigio en el mundo. Acababa de instalarse de nuevo en Perú después de 35 años viviendo en Europa, cuando fue víctima de un secuestro y una paliza tras rechazar una condecoración que quiso ofrecerle el mismo Alberto Fujimori. Después de los hechos, Bryce Echenique volvió a mudarse a Barcelona en 2002, y tres años después publicó Permiso para sentir. Antimemorias 2, donde acusa a agentes del gobierno peruano de su propio rapto.
Con el nuevo siglo, la guerrilla no se quedó quieta. Sendero Luminoso protagonizó otro rapto masivo en 2003: el de 71 trabajadores (entre ellos, seis colombianos y un chileno) de la empresa argentina Techint. Fue en Tocate, en el departamento sureño de Ayacucho, donde estaban construyendo un gaseoducto que uniría Cuzco con Lima. Fueron liberados sanos y salvos en junio de ese año. Pero más allá de los desaparecidos por la acción gubernamental o guerrillera, a partir de 2005 los raptos apolíticos con fines de lucro vivirán un crescendo en los barrios ricos de Lima.
Ya antes hubo precedentes destacados, como el secuestro durante 39 días de 2003 del adolescente de 15 años Luis Guillermo Ausejo Torres, que provocó protestas en todo Perú, como el uso masivo de distintivos amarillos en solidaridad con su familia, y un emocionado mensaje televisivo de su madre a los captores de su hijo. El año siguiente se vivieron en Perú los raptos del empresario Richard Amiel Rodríguez Carpi, hijo de un ex dirigente político; de Pablo Alberto Rodríguez Bozzo, sobrino de la presentadora de televisión Laura Bozzo, condenada a varios años de arresto domiciliario durante los juicios anticorrupción a Fujimori y Montesinos; y del empresario textil Diógenes Alva Alvarado y su esposa Graciela Choque, que fue retenida por más tiempo mientras su marido era liberado para conseguir el dinero del rescate. En mayo de 2005 le tocó al cubano de 22 años Ragnar Méndez Argüelles, hijo de un empresario peruano-cubano dueño de varios casinos, y que fue secuestrado cuando regresaba de visitar a un amigo. Seis meses después es la estudiante Giovana Zevallos, hija de un empresario cervecero, quien pasa una semana cautiva.
El problema se desborda durante 2006, especialmente en los distritos limeños de Surco y San Borja. El año arranca con tres raptos entre el 7 y el 10 de enero: los de Francisco Dumler Galarza (17 años), Pedro Meza Pascual (28), hijo de un empresario minero, y Mirko Lukovich, el único que debió pagar rescate por su libertad. En abril, el director de la Policía Nacional tiene que salir a desmentir el auge de una ola de secuestros.
Uno de los casos con más impacto en el exterior durante ese año fue el del empresario pesquero español Andrés Gude González, de 56 años. Cuando viajaba por negocios desde el puerto de Callao hasta el Cercado de Lima, tres camionetas interceptaron su Toyota y se lo llevaron a los tiros. Cuatro meses antes habría sufrido otro intento frustrado de secuestro, y desde entonces se hacía acompañar por dos guardaespaldas. El armador gallego estuvo cautivo entre el 29 de marzo y el 9 de abril, hasta que apareció vivo en medio de un basural del distrito limeño de San Juan de Miraflores. Estaba tapado por bolsas, amorzadado, con golpes en el rostro, los brazos y el cuello, y sendos impactos de bala en un brazo y una pierna. Su familia había pagado un rescate de 87.000 dólares por su vida.
Trece implicados fueron detenidos en Perú y España. Entre ellos se cuentan Aldo Enrique Esquivel Suyón, alias Loco Aldo; Tomás Moreno Carranza, alias La Bestia; el ex policía José Manuel Gómez García, alias Joel; y Christian Mendoza Constantino, alias Pipo. El líder de la banda, el ex policía Jhonny Vasquez Carty, alias La Gata, también terminó entre rejas, aunque fue descubierto cuando planeaba fugarse de la cárcel. El de Gude González era el décimo secuestro registrado ese año; la anterior víctima extranjera fue un holandés raptado en agosto y liberado tras negociar el rescate con su familia de Amsterdam.
Se cree que Vasquez Carty y Manuel Francia Pesaque también maquinaron entre rejas el secuestro más largo de 2006: el de Heidi Spitzer Chang, catedrática de la Universidad Católica e impulsora de la ONG Adulto Feliz. El 29 de septiembre salía de un videoclub en Miraflores cuando fue sacada de su coche a rastras y a punta de pistola. La familia contrató a un negociador privado que inició tratativas con los secuestradores en Huacho, al norte de Lima, y logró bajar la exigencia inicial de rescate a pesar de que cortaron la comunicación por varios días. Hubo un pago y también un rescate frustrado el 20 de octubre: alguien avisó a la banda que la policía se dirigía al inmueble de Villa El Salvador donde la retenían, y la trasladaron a la urbanización San Roque. Finalmente, tras 25 días de cautiverio, Heidi fue liberada cerca de su casa en la urbanización San Antonio de Miraflores. Para llevar a cabo el secuestro número 29 de 2006 en Perú (más que los 24 de las mismas fechas de 2005, y los 22 de 2004), tres líderes de bandas dedicadas al rapto (La Gata, El Cholo Jacinto y El Loco Jean Pierre) se unieron desde la cárcel.
Pero hay muchos otros casos destacables en Perú durante ese nefasto 2006. ¿Cuáles? El empresario Carlos Manuel Seminario Duany, de 62 años, secuestrado cerca de su domicilio en San Isidro y liberado. La estudiante de veterinaria Flor Milagros Rivera Callupe, secuestrada de camino a la universidad Cayetano Heredia y rescatada por la policía en Los Olivos tres días después. El empresario maderero Paulino Pajuelo, a quien cortaron el dedo anular antes de liberarlo. El abogado Italo Cerdeña, raptado cuando viajaba con su vehículo por Miraflores. El empresario minero Carlos España Chamorro, liberado el día de Nochebuena en la zona sur de la capital tras 24 días de secuestro que agravaron sus problemas cardíacos. El ingeniero industrial César Benavides Elías y su novia Cinthya Cánepa Ljubicic, secuestrados el 28 de marzo en San Borja (Lima), que fueron encadenados con los ojos vendados y liberados once días después tras el pago del rescate, en una playa del circuito de la Costa Verde, también en Miraflores. Mención aparte merece el niño de siete años Bruno Alexander Escudero Araujo, secuestrado el 6 de abril cuando estaba con su madre, que se enfrentó a sus captores y fue baleada. La propia tía del niño, Susana Rojas Iturrizaga, había contratado a diez hombres para que raptaran a su sobrino, y hasta se encargó de negociar el rescate de 54.000 dólares que la familia del niño pagó por su liberación. La mujer fue detenida un mes después de los hechos.
Hay más. Antes de que en diciembre de 2006 las empresas de seguridad privada calculen que en Perú se producen entre 35 y 50 secuestros por mes, el 31 de octubre le tocará al empresario naviero Roberto Woll Torres, de 64 años, ser raptado por seis falsos policías con chalecos antibalas y fusiles AKM cuando salía de su oficina en El Callao. Fue liberado diez días después —gracias a una llamada anónima— por varios policías, que lo encontraron atado de pies y manos, amordazado y sentado en una cama, en una vivienda de la Avenida Tomás Valle, en Los Olivos. También lograron detener a dos personas. Ese mismo mes de octubre, el empresario de casas de cambio y alquiler de vehículos Moisés Otto Huisa Ayquipa (37 años) fue raptado y asesinado de un disparo en la cabeza: hallaron su cuerpo en una camioneta aparcada en el cruce de las avenidas Universitaria y Panamericana Norte, en Los Olivos.
El año siguiente, Perú siguió siendo un vivero de historias fuertes para los medios de comunicación. El cautivo peruano más mediático de 2007 fue el fotógrafo de la agencia France Presse Jaime Rázuri, que pasó seis días cautivo en la localidad palestina de Gaza antes de ser liberado sano y salvo. Ya dentro de sus fronteras, y más allá de las estadísticas anónimas, vale la pena recordar algunos casos.
El 12 de enero, el hotelero Jaime Willy Mendoza se enfrentó a balazos con cuatro hombres que intentaban secuestrarlo en Los Olivos, hiriendo a uno que fue detenido. A fines de marzo, cuando el empresario de 72 años Víctor Mendoza Maccasi les dijo a sus captores que estaba operado de la próstata, sólo logró que le golpearan. Lo liberaron dos días después de su captura en Chaclacayo. El productor avícola José Guillermo Li Chau, once años más joven, tuvo peor suerte. En abril entraron en su casa de Chilca y se lo llevaron delante de su familia. Se dirigieron con él a otra residencia de su propiedad en Surco con la intención de robar, pero una alarma de seguridad desató una persecución: murió durante la balacera con la policía que siguió. El mes siguiente secuestraron al joven de 17 años Gian Piero Rojas, a la salida de un centro preuniversitario en Magdalena. Quedó libre en Los Olivos 25 días después, justo uno menos que los que le tocó padecer a André Casalino, de 26 años, raptado en junio. Pasó los dos últimos días encerrado en un horno panadero abandonado de Villa Alejandro (en Lurín), sin luz ni ventilación, sólo con un colchón y un balde para hacer sus necesidades. La confesión de uno de los secuestradores facilitó a la policía su rescate.
Un último apunte con fecha de enero de 2008. Un ladrón encapuchado entra en una casa de la urbanización El Sol en La Molina. Al no encontrar nada, decide llevarse al bebé de ocho meses Mateo Salvador Guerra, que sufre una cardipatía severa. Horas después, Mateo aparece de madrugada en una maceta de la avenida Petit Thouars, tan sólo envuelto en una sábana.
El secuestro en Latinoamérica 