“Brenda, quien mató a tu pendejo hijo”
“Ahora no puedo hablar, estoy en medio de una reunión con un señor mexicano que vino a verme”. El no-ingeniero argentino más famoso se excusa por el teléfono móvil, pocos días antes del primer aniversario del secuestro y asesinato de su hijo. Los dos hombres que promovieron dos de las mayores manifestaciones en lo que va de siglo en América Latina están conociéndose en las oficinas de la Fundación Axel en Buenos Aires.
Ambos convocaron sendas marchas que sorprendieron al mundo durante 2004. El argentino reunió a un gentío con velas frente al Congreso Nacional; el mexicano Fernando Schütte y Helguero, a medio millón de compatriotas vestidos de blanco alrededor de la columna conocida como el Ángel de la Independencia, en el Distrito Federal de México. Ambos pedían lo mismo. Ambos siguen adelante.
De vuelta en México, cuando se cumple un año de la muerte de Axel, Fernando Schütte convoca a una rueda de prensa frente a la embajada argentina, y con otras tres personas enciende cuatro velas en memoria del hijo de Juan Carlos Blumberg. Ambos se volverán a encontrar en mayo de 2005 en la capital mexicana. Recién regresado a Buenos Aires de ese viaje, Blumberg repasa las fotos que sacó durante su estadía. “Realmente no me dejaron un minuto, todo el equipo de él: me buscaban a la mañana, estaba con ellos por la tarde, a la noche a cenar… Todos los días. Fue una atención insuperable”.
Blumberg fue como invitado al Tercer Congreso de Víctimas de la Delincuencia, organizado por el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP) que preside Fernando Schütte. “Primero estuve visitando con ellos, y después tuvimos reuniones con distintas organizaciones. Ese congreso fue muy impresionante, en cinco salones del Sheraton. Yo participé en una de las mesas, que era de asuntos internacionales; después había una general donde se sacaban las conclusiones, en las que participaban incluso jefes del gobierno”.
“Te comento que el ochenta por ciento de las propuestas que se derivaron de la marcha del año pasado provenía de las conclusiones de nuestro segundo Congreso de Víctimas”, puntualiza a su vez Fernando Schütte. Semanas después del evento, el mexicano firmará el siguiente texto llamando a una segunda manifestación en el Distrito Federal:
“El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, convoca a los ciudadanos de todo el país para que el 26 de junio de este 2005, nuevamente salgamos a las calles vestidos de blanco para exigir a todas las autoridades federales estatales y municipales, así como a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que nos brinden seguridad.
Los ciudadanos estamos cansados de sufrir a causa de la delincuencia, la corrupción, la impunidad y la injusticia.
La marcha del año pasado, dio algunos resultados, pero no son suficientes y hoy sabemos que con la participación de ciudadanos exigentes, que de manera ordenada y apartidista salimos a las calles, logramos hacer que las autoridades se sientan presionadas como para rescatar a México y que nuevamente podamos salir a las calles sintiendo la tranquilidad de saber que en nuestra patria podemos sentirnos seguros.
Todos los días siguen habiendo secuestros, homicidios, violaciones, robos, etc. Todos los días las víctimas de la delincuencia, volvemos a ser victimizados por los sistemas de seguridad pública y procuración de justicia, a diario hay mexicanos siendo maltratados o extorsionados por policías, ministerios públicos y jueces, ¡Ya basta!».
El escrito denuncia una campaña de desprestigio para evitar la marcha: “¿Qué tiene de partidista apoyar el dolor de quienes han perdido la vida de un ser querido, y exigir justicia, libertad, y seguridad? ¿Qué tiene de derecha o de izquierda defender en las calles, ordenada y colectivamente, el derecho a la seguridad y la vida?”. La marcha, dice el escrito, se dirigirá al Zócalo o Plaza de la Constitución, y también se celebrará en las plazas centrales de las principales ciudades mexicanas: “Todos vestidos de blanco, en silencio, sin pedir cabezas, sin consignas políticas, sin políticos, sin más colores que el blanco. (…) México es un país maravilloso, con historia y con futuro, rescatémoslo juntos, pongamos el ejemplo a nuestros políticos, enseñémosles que nosotros somos capaces de ponernos de acuerdo, de manera pacífica”.
La segunda megamarcha mexicana no se realizará; al menos no en esta ocasión. Desde un principio se hacen a un lado varias asociaciones civiles y empresariales que participaron en la primera, como México Unido Contra la Delincuencia, el Movimiento Pro Vecino o la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Argumentan que la manifestación podría manipularse políticamente en vista de los comicios federales previstos para 2006. Otros se quejan de que no fueron tomados en cuenta para hacer pública la convocatoria. Algunos incluso afirman que una parte de los objetivos de la primera marcha ya fueron cumplidos, algo cuanto menos discutible.
“Después de un análisis serio y de escuchar diversas opiniones, el Consejo Ciudadano decidió posponer la marcha en forma indefinida, debido principalmente a que varias organizaciones y grupos han pretendido desvirtuar este movimiento adjudicándole tintes partidistas”, declara Fernando Schütte el 16 de junio, pidiendo a los mexicanos que ese día vistan de blanco y conduzcan con las luces de sus vehículos encendidas. Los días previos se han sucedido acusaciones de políticos y desmentidos sobre la posible afinidad del candidateable Marcelo Ebrard con Schütte, a quien además se le echa en cara que trabaja para el gobierno capitalino: algo que el propio alcalde del Distrito Federal, Manuel López Obrador, se encarga de desmentir.
México Unido Contra la Delincuencia (creado a fines de 1997 tras el secuestro y asesinato del hijo de Josefina Ricaño de Nava, Raúl) inicia su propia campaña en busca de un millón de firmas para presionar a las autoridades. Por su parte, el presidente Vicente Fox convoca su propio acto masivo en el Ángel de la Independencia para el 2 de julio. El día después de la fecha prevista para la frustrada segunda marcha cívica, rescatan a 43 secuestrados durante un operativo policial en Nuevo Laredo, en la frontera con Estados Unidos. Sin embargo, la cancelación deja la sensación de que la política le ha ganado un round a la ciudadanía en la lucha contra la inseguridad.
Un año antes de la manifestación fallida frente al Zócalo, la Unión Nacional de Padres de Familia, Pro Rescate, México Unido contra la Delincuencia, Coparmex, el Consejo Nacional de la Juventud, la Agenda Ciudadana Fundación para el Desarrollo, el CCSP y otras entidades sí se pusieron de acuerdo, y de qué manera. Entonces por todo el Distrito Federal se leían carteles como este, con un lazo blanco de logotipo y el lema Rescatemos México 2004:
“Por la indignación que sentimos. Por solidaridad con las víctimas de delitos. Contra el deterioro de la seguridad pública. Porque creemos en los valores de la convivencia pacífica y armoniosa. ¡Porque se debe poner un alto a la delincuencia!
CONVOCAMOS a una movilización plural, ciudadana, pacífica y silenciosa. Vístete de blanco y negro domingo 27 de junio de 2004, a las 11:00 A.M. Caminaremos del Ángel de la Independencia a la Plaza de la Constitución.
Atentamente
La Sociedad Civil
- La movilización exigirá y presentará propuestas lo mismo al Gobierno Federal que a los Gobiernos locales y a los otros poderes de la unión, Legislativo y Judicial.
- Será silenciosa, sin oradores y familiar.
- Contribuirán al orden de la movilización voluntarios de asociaciones como los scouts.
- No es sólo contra el secuestro sino contra la delincuencia e impunidad y sobre todo de apoyo a todo tipo de víctimas del delito”.
En respuesta a la llamada, una multitud vestida de blanco con crespones negros recorre en silencio el céntrico Paseo de la Reforma hasta la inmensa plaza de la Constitución. Ni uno más, Salvemos a México y Basta de impunidad son algunas de las pancartas más repetidas. Una vez colmado el Zócalo, todos los presentes cantan el himno nacional. Se lanzan cientos de globos negros en memoria de las víctimas del delito, y otros tantos blancos como señal de esperanza. Otras ciudades mexicanas se suman a la convocatoria: no hay cifras oficiales, pero se habla de una de las mayores manifestaciones civiles en la historia del país. Según el diario El Universal, que apoya la movilización, los asistentes a la primera marcha inicialmente suman 350.000, aunque diversas fuentes hablan de 500.000 e incluso de un millón.
Esa mañana soleada de junio de 2004 no hay discursos ni velas, pero la manifestación que siguió al asesinato de Axel Blumberg en Buenos Aires es un referente inevitable. No existe esta vez un caso particular que sirva de detonante, aunque hayan contribuido secuestros recientes con final trágico como el de los hermanos Vicente y Sebastián Gutiérrez, asesinados el 24 de mayo. “Le diría que todos hemos sido de alguna manera víctimas del delito en esta ciudad”, cuenta Fernando Schütte. “Los ciudadanos estamos cansados de tanta impunidad a lo largo de muchos años, por lo que no era necesario un hecho aislado —pues hubieron y ha habido muchos— para que esta manifestación se diera, y de la magnitud en que se dio”. También se presentan diez propuestas para combatir la delincuencia en general y el secuestro en particular, suscritas por el Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C (Insyde):
1. Realizar una campaña que fomente el respeto a la ley, involucrando en ella a las autoridades de la Ciudad, el sistema educativo, los medios de comunicación y la sociedad civil.
2. Un sistema que controle y evalúe diariamente la gestión de las instituciones, para evitar los abusos o la violación de derechos.
3. Informes mensuales y públicos de resultados contra la delincuencia y la violencia, superando “el espejismo del endurecimiento penal” y controlando la eficacia de las autoridades.
4. Programas de prevención del delito y de policía comunitaria en todas las instituciones policiales, mejorando la comunicación entre las comunidades y los agentes.
5. Supervisar el desempeño policial mediante controles independientes y especializados.
6. La creación de un ombudsman o defensor del policía, garantizando su integridad y sus derechos dentro de la institución.
7. Modernizar y hacer accesibles al público los indicadores que miden la gestión de la seguridad pública y la justicia penal, introduciendo índices como el de confianza ciudadana en la policía.
8. Convocar a la Organización de Naciones Unidas (ONU) para que instale una comisión multinacional de expertos que evalúen la seguridad y justicia mexicanas.
9. Campañas de información para “vencer la inercia ciudadana hacia la tolerancia y exigencia de medidas autoritarias contra la violencia y el delito”, que destaquen las “propuestas democráticas exitosas contra la inseguridad” existentes. Autoridades, académicos, medios y sociedad civil están invitados a participar.
10. Revisar los criterios que impiden el acceso a información sobre seguridad pública, a menudo utilizados de forma arbitraria o interesada.
Firman el listado la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todos”, y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. De golpe el mundo vuelve sus ojos al Distrito Federal, donde el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública repite un dato alarmante: México sólo está por detrás de Colombia en materia de secuestros, concentrados sobre todo en la capital y el estado de México. Durante la rueda de prensa que convocaba a la marcha, el secretario del Consejo José Antonio Ortega advirtió que se secuestra tanto como en noviembre de 2000. Un año más tarde México pasará a liderar las estadísticas mundiales de secuestro: 194 secuestros durante el primer semestre de 2005 frente a los 172 de Colombia y 169 de Brasil, siempre según el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública.
Poco después de la suspensión de la segunda marcha, la de 2005, un nuevo caso de secuestro a la mexicana cruzará fronteras. El 19 de julio el director técnico del club de fútbol Cruz Azul de México, el argentino Rubén Omar Romano, sale al volante de su camioneta BMW X5 de las instalaciones de La Noria, al sur del Distrito Federal, donde el club entrena. Al llegar a la calle Guadalupe Ramírez, su vehículo es embestido por una Tracker blanca con dos sujetos, mientras una Trail Blazer negra con dos tripulantes más se sitúa detrás de la BMW. Entre los cuatro se llevan a punta de pistola a Romano. Nacido en Buenos Aires en 1958, futbolista en clubes mexicanos desde 1970, más tarde fue director técnico de equipos locales como el desaparecido Celaya, Tecos UAG, Morelia, Pachuca y el propio Cruz Azul, también conocido como La Máquina Celeste.
La exigencia inicial de medio millón de dólares por su vida resulta ser un fiasco, lo que entorpece la investigación. “No le hagan daño, por favor se lo pido. Es un padre y un buen hijo”, suplicará públicamente el padre del entrenador, José Romano, desde su casa de Guadalajara. Mientras tanto, autoridades como el jefe de gobierno del Distrito Federal lamentan un suceso que echa por tierra los diagnósticos optimistas sobre la seguridad en México. A un mes del secuestro, el diario Reforma publica que Romano tuvo un contacto con su familia, la cual no realizó la denuncia, encargando las negociaciones a una empresa privada y pidiendo a la prensa que no interfiera en el caso. Durante el cautiverio Romano habla varias veces con los suyos, a quienes piden cinco millones de dólares por su vida.
A partir de entonces, los futbolistas mexicanos empiezan a cambiar sus hábitos. Los clubes les recomiendan que tres o cuatro jugadores acudan juntos a entrenar en un solo auto, para así distraer a los delincuentes. Ya no se ven tantos Mercedes, Audi o BMW aparcados en las instalaciones del Cruz Azul, y equipos como el Atlante prohíben a sus jugadores llevar cadenas de oro, pulseras o anillos fuera de los entrenamientos.
Cuando el Cruz Azul ya lleva ocho jornadas del Torneo Apertura jugando a las órdenes del técnico auxiliar Isaac Mizrahi, el 21 de septiembre llega la liberación de Romano. Se produce a las siete y media de la tarde durante un operativo de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en una casa de tres plantas: el lote 20, manzana 2 de la avenida López Portillo de la colonia Agrarista, en Iztapalapa, al este del Distrito Federal.
El operativo de rescate deja un saldo de siete detenidos (cuatro hombres y tres mujeres con sobrenombres como El Chino, El Mike o El Tierno) y dos prófugos. Romano ha pasado 65 días vendado y atado a una cama. Su secuestro ha sido planeado desde la cárcel de Santa Martha Acatitla por José Luis Canchola Sánchez, preso desde enero de 2004 y líder de la banda Los Canchola. Uno de los detenidos, Adolfo Cuahtémoc Reyes, es el único que salía de la casa para comprar latas de chiles, jamón, queso y tortillas. Una madre soltera y dos sobrinas de Canchola, de 16 y 21 años, también colaboraban con la banda a cambio de 400 pesos semanales. Precisamente por esos días México llora la muerte en un accidente de helicóptero del secretario de Seguridad Pública federal, Ramón Martín Huerta, y ocho pasajeros más.
“Me trataron bien, no tengo queja en ese sentido. Estoy bien gracias a esta gente, que está trabajando mucho para este país. Gracias a la AFI y a todos, gracias. Estoy con ganas de ver a mi familia en estos momentos. Ya pude hablar con ellos y me están esperando”, declarará a escasos minutos de su liberación un Romano con ocho kilos menos, barbudo, pálido y con gorra de béisbol ante las cámaras. Al día siguiente, ya afeitado y cambiado, realiza una rueda de prensa en la que afirma que “volví a nacer”, que “jamás” se le pasó por la cabeza abandonar México, que se siente algo “aturdido” y que sus captores “estaban atentos a que me alimentara y hasta de mis cigarrillos. Espero que nunca me vuelva a tocar vivir esta situación, pero si me pasa ojalá sea con personas como estas, que jamás me maltrataron. Al contrario”. También expresa su deseo de acompañar al plantel del Cruz Azul en el partido del sábado.
Fieles a la cita en el estadio, 36.000 hinchas celebran el regreso de su entrenador con globos, banderas y una impresionante ovación entre lágrimas. Romano, con dos meses de sufrimiento grabados en el rostro, se dirige al círculo central, alza la diestra y se la lleva al corazón. Viste de traje, aunque en un momento exhibirá una camiseta en que puede leerse: “Gracias AFI – Gracias a la afición”. El Cruz Azul empata a dos goles, pero es lo de menos: desde el banquillo puede verse nuevamente a Romano fumando y renegando cuando su equipo desperdicia una ocasión. Aprovecha para recordar a dos compatriotas: a Antonio El Turco Mohamed, de quien dice que “complicó un poco las cosas cuando dijo que mi liberación era inminente”, y a su amigo Diego Armando Maradona.
Dos días después Rubén Omar Romano es entrevistado vía satélite en La Noche del 10, el programa que Maradona presenta en la televisión argentina. Además de agradecerle públicamente su apoyo, Romano cuenta cómo durante el cautiverio le llenó de esperanza saber que el ídolo futbolístico triunfaba en su nueva faceta y estaba recuperándose de sus problemas con las drogas. El Diego le escucha comentar que “la última semana las amenazas fueron subiendo de tono. Pero pensé mucho en Dios, y visualizaba el reencuentro con mi familia para animarme”, y se sorprende con el contraste entre el Romano bromista que conocía y el de semblante serio de ahora.
Cuando el entrenador se despide recordando “a todos los que en este momento están pasando por lo que yo pasé”, los invitados al programa improvisan un breve coloquio sobre la inseguridad en el continente. Entre ellos están el actor Pablo Echarri, cuyo padre también padeció un secuestro, y la cantante mexicana Paulina Rubio, que reconoce que se radicó en Miami para huir de la escalada delictiva. No es la primera vez que en el programa de Maradona se habla del tema: la semana anterior quien contó su caso fue la actriz local Florencia Peña, que padeció un secuestro exprés junto a su hija. Esa misma noche Romano es entrevistado vía satélite en otro programa televisivo argentino y se emociona al hablar en directo con su compatriota Ricardo Lavolpe, entonces entrenador de la selección mexicana, que en esos días estaba en Buenos Aires.
Fernando Schütte es un prestigioso experto en negocios inmobiliarios, con títulos y postgrados en urbanismo y arquitectura obtenidos en varios países de América y Europa. Antes de convertirse en la cabeza detrás de las marchas de junio de 2004 y 2005, ya en 1994 inició la campaña conocida como Listón Blanco. Al contrario que Juan Carlos Blumberg, su trayectoria no es ajena a las organizaciones civiles ni a los poderes públicos, como demuestra su cargo al frente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. Lo define como “un movimiento ciudadano que es al mismo tiempo un órgano consultivo, el cual tiene como objeto proponer, coadyuvar y dar seguimiento a los programas y acciones relacionadas con las tareas de seguridad pública. Está integrado por miembros de la sociedad civil que colaboran voluntariamente, líderes de instituciones y organismos privados, que fungen como interlocutores de la sociedad con los organismos de seguridad pública y procuración de justicia”.
Fue allí donde “me pude adentrar en un tema tan sensible y de suma importancia para nuestro país como es la inseguridad. Creo firmemente que el cambio se origina en cada persona como ciudadano y que cada quien es responsable de impulsar las mejoras que todos perseguimos, por lo que unidos con otras organizaciones ciudadanas encabezamos la marcha del pasado 27 de junio de 2004”.
Las reacciones a ésta no se hicieron esperar. La marcha fue un duro golpe para el presidente Vicente Fox y su opositor y alcalde del Distrito Federal, Manuel López Obrador, su adversario en las elecciones nacionales de 2006 por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Las respuestas de los dirigentes no difieren tanto de las que dieron los gobernantes argentinos tras la marcha convocada por Juan Carlos Blumberg. El PRD habló de la manifestación como un “golpe político de la derecha” contra López Obrador, e intentó que la crisis de seguridad se viera como una cuestión nacional, aunque al día siguiente a la protesta el alcalde declara estar de acuerdo con ella. A su vez el gobierno de Fox insistió en que el problema es del Distrito Federal, para dañar así la imagen de su mayor adversario político.
Más consecuencias. El gabinete de López Obrador hace público que recompensará a quienes delaten a secuestradores, violadores y ladrones. Fox duplica el presupuesto de 2005 para el combate al delito, y anuncia una política de Tolerancia Cero inspirada en el Manhattan Institute, que provocará las consiguientes protestas de desocupados, vendedores ambulantes y prostitutas. Agosto de 2004 abunda en grandes operativos policiales, y se hace público que trece de los 20 criminales más buscados del país dirigen bandas de secuestradores. Ese mes también dimite el secretario de Seguridad Pública de Fox, Alejandro Gertz.
Pasada la urgencia inicial por ver cambios, Fernando Schütte cree que hoy los poderes Ejecutivo y Judicial “muestran una actitud de interés, pero no se ven acciones concretas y determinantes. Los cambios han sido pocos y lentos, que es un buen comienzo: sin embargo la ciudadanía espera mucho más, y en un tiempo casi inmediato”. Ya en 2003, el CCSP que él dirige propuso modificaciones al Código Penal y al Manual de Procedimientos Penales para atajar el delito. Tres años después seguirá tomándole el pulso al delito en el Distrito Federal, informando, por ejemplo, que hay menos raptos relámpago en los taxis aunque más en barrios de clase alta.
Pocos días después de la gran marcha, será un sobrino del propio Schütte quien padezca un secuestro exprés. Responde su tío: “Sí, desgraciadamente he sido amenazado y mi familia también, pero yo creo que vale la pena seguir luchando por un mejor lugar para vivir. Definitivamente esta situación me ha hecho tomar medidas para proteger a mi familia y a mi persona, pero eso no ha impedido que yo siga adelante”. Se une así al extenso e impopular club de históricos afectados por los secuestros en México.
Ya formaban parte del mismo celebridades como los hijos amenazados del boxeador Julio César Chávez, El Guerrero Mexicano; el hijo de la actriz Beatriz Aldana, secuestrado y hallado muerto en Tijuana entre rumores de un ajuste de cuentas de narcotraficantes; el comediante Adal Ramones, raptado un mes antes de su boda; el padre del audaz guardameta Jorge Campos, baluarte del fútbol latino en la liga estadounidense, por quien pidieron un millón de dólares y que finalmente apareció con vida en Acapulco; el hijo del popular cantante de rancheras Vicente Fernández, a quien en cuatro meses de cautiverio le cortaron dos dedos de una mano; la hija de su colega Alejandra Guzmán, Frida Sofía, con quien ella siempre viaja cuando está de gira; la esposa de César Rosas, músico del grupo Los Lobos, secuestrada en 1999 y nunca aparecida; o la escritora Ernestina Sodi y la actriz Laura Zapata, ambas medio hermanas de la popular cantante y actriz de telenovelas Thalía, que fueron secuestradas por la banda Los Tiras y liberadas en 2002 tras el supuesto pago de cinco millones de dólares. Las revelaciones de Laura a la prensa enojaron por un tiempo a la cantante, que según su hermana tuvo que vender muchas de sus joyas para pagar el rescate.
El caso de Sodi y Zapata merece detenerse un poco. Probablemente sea el caso más comentado de la década en México, y uno de los más célebres en todo el continente. Su historia es bien mexicana y condimentada: una estrella pop, una actriz de culebrones, traiciones en familia, una violación, una obra de teatro, rumores, amores imposibles, querellas, peleas y reconciliaciones en público. Y casi todo está escrito, filmado y hasta subido a YouTube.
Una es escritora; la otra, una famosa malvada de las telenovelas mexicanas. Un 22 de septiembre de 2002, la banda de Los Tiras secuestró a ambas, pidiendo cinco millones de dólares por su vida. También exigieron que el rescate lo pagara el norteamericano Tommy Mottola, esposo de Thalía y ex jefe de Sony Music. No contaron con que las leyes de Estados Unidos congelan las cuentas de los extorsionados, y el pago se atrasó. Los captores respondieron enviando fotos en que golpeaban y encañonaban a Ernestina, que también fue violada en cautiverio.
Fue el inicio de una larga ruptura familiar a tres bandas. En 2005, Laura Zapata estrenó Cautivas, una obra teatral basada en el doble secuestro, con la firme oposición de Thalía. Poco después, Ernestina Sodi relató su versión en el libro Líbranos del mal, donde confesaba que había sido violada y acusaba a su hermana de impedir su liberación, cosa que Laura Zapata niega. Se dijo que Sodi también habría comentado que la propia Zapata estaba detrás del secuestro. Uno de los captores (apodado Romeo) se enamoró de Ernestina, regalándole flores y serenatas durante el cautiverio. Y Laura Zapata visitó en la cárcel a uno de los secuestradores días antes de que éste muriera. Desde entonces, las hermanas se han peleado y reconciliado varias veces.
Al igual que otros países latinos, México vivió su época de secuestros políticos en la década de 1970, a manos de agrupaciones como el Frente Urbano Zapatista Comando 2 de Octubre o la Liga 23 de Septiembre. Julio Hirsfield Armada, el cónsul estadounidense en Jalisco Terrence Leonhardy, Brianda Domecq, el cónsul británico Anthony Dunzain Williams o la hermana del ex presidente López Portillo fueron algunas de las víctimas de aquella época. Dos décadas después todavía hay algunos políticos que se convierten en rehenes, como Absalón Castellanos, ex gobernador de Chiapas, que en 1994 fue retenido por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) del subcomandante Marcos, y finalmente liberado. Sin embargo, hoy el móvil de los secuestros ya es mayormente económico y apolítico. Lo bastante como para que los 438 secuestros extorsivos registrados en 2007 facturaran 600 millones de dólares.
Aunque no siempre es así. Entre julio y septiembre de 2007, tres bombas en conductos de gas natural provocaron el cierre de cientos de fábricas en diez estados mexicanos. Quien reivindicó los hechos fue el marxista Ejército Popular Revolucionario (EPR), nacido en 1994 en Oaxaca y dividido en varios subgrupos poco después. Se cree que el EPR se financia con secuestros: estaría detrás de 88 casos desde 1999, que le reportaron millones de dólares en ingresos. Al menos cuatro de ellos se realizaron durante 2007, incluidos dos hombres de negocios y el familiar de un conocido narcotraficante. Entre los fundadores del ERP se cuentan miembros del Procup, grupo fundado en la década de 1970 responsable del secuestro y asesinato de otros líderes izquierdistas durante la década siguiente.
De vuelta a los noventa, los secuestradores utilizan métodos como la inyección para llevarse a sus víctimas. Algunos difunden sus exigencias por televisión y aceptan (o imponen) la mediación de sacerdotes. Ahí está el rapto del multimillonario banquero Alfredo Harp Helú en junio de 1994, con 106 días de cautiverio y un rescate de 32 millones de dólares; el de Ángel Lozada Moreno; los de Bosco y Antonio Gutiérrez Cortina, con varios puntos sin esclarecer; o el de Mamoru Konno, ejecutivo japonés de la empresa Sanyo raptado en Tijuana en 1996, por quien pidieron dos millones de dólares y que fue liberado nueve días después.
Sin embargo, ya antes de la marcha del 27 de junio de 2004 el mundo hablaba de la industria del rapto a la mexicana. Ese mismo mes, el diario español La Vanguardia se hizo eco de los cinco secuestros —cuatro de ellos mortales— que en seis semanas padecieron empresarios españoles en México. José Manuel Mazón fallece en abril de un disparo cuando intentan secuestrarle. Ese mes también se llevan al empresario de transportes Rafael Ruiz Mijares, de 72 años, por quien sus captores piden más de cuatro millones de dólares: incluso le enviarán un dedo a su familia después de que éste fallezca. De nada servirán tampoco los 600.000 dólares pagados por la vida de los ingenieros Vicente y Sebastián Gutiérrez Moreno, secuestrados el 17 de mayo por un comando armado y asesinados después del cobro. Tras la serie de crímenes, la embajada española recomendará extremar las precauciones a los cerca de 80.000 españoles residentes en México.
Las vidas de todos ellos valen tanto como la de Ricardo, el hijo de Silvano Aquino, de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua. A su padre, totalmente carente de recursos económicos, le será imposible pagar la cifra que pedían por liberarlo. Su cuerpo de nueve años aparecerá poco después en medio de un basural.
En el otro extremo del escalafón social, en enero de 2005 es liberado el empresario de Michoacán José Mejía Aguilera, después de un cautiverio de 480 días. Durante el mismo, sus captores difundieron un video donde Mejía afirmaba: “Mis captores han tomado la decisión de cobrar o ejecutarme de manera inevitable, y manifiestan que no correrán más riesgos”. También decía que su familia había pactado varias veces el pago del rescate, pero éste no se concretó porque “la policía les impide o les aconseja no pagar”. A partir de entonces, quien tomó las riendas de la negociación fue el arzobispo de Morelia.
En mayo, quien recobrará la libertad en San Luis Potosí después de diez meses y medio es el industrial Javier García Navarro.
A fines de junio de ese 2005, cuando se cumplía un año desde la gran marcha contra la inseguridad, Pedro Galindo protagoniza un impactante spot televisivo de México Unido, donde muestra los cuatro dedos que le amputaron mientras dice:
“Cuando los secuestradores me cortaron el primer dedo, sentí mucho dolor. Cuando me cortaron el segundo, sentí miedo. Cuando me cortaron el tercero, me dio rabia. Y cuando me cortaron el cuarto me llené de fuerza… para exigirle a las autoridades que no mientan, que trabajen y salven a nuestra ciudad del miedo.
Y si les tiemblan las manos, ¡tengan, les presto las mías!”
Por si esto fuera poco, a inicios de 2006 la odisea de una madre en busca de los secuestradores de su hijo puso patas arriba a todo Distrito Federal y al resto de México. Años atrás, otros compatriotas ya habían investigado por su cuenta, capturado y entregado al asesino de un familiar, como hizo Eduardo Gallo con quien mató a su hija Paola. Pero la historia de María Isabel Miranda de Wallace supera a cualquier equipo de guionistas.
Como todos los protagonistas de este libro, ella era una ciudadana común dedicada a su trabajo de consultora de escuelas hasta la tarde del 11 de julio de 2005. Hacia las dos y media María Isabel se despidió de su hijo Hugo Alberto Wallace: dueño de una empresa de fumigación, divorciado, padre de una niña de diez años, jugador de fútbol americano, aficionado a las motos y muy apegado a ella.
Ese día madre e hijo hablaron por teléfono de nuevo a las seis. Hugo le comentó que iría al cine de Plaza Universidad, al sur de la capital, pero sin decirle con quién. A su primo sí se lo dijo: su acompañante sería una joven bailarina llamada Juana Hilda González Lomelí, del grupo Clímax. Se la había presentado un tal Jacobo Tagle Dubín, un hombre con quien Wallace solía hablar de negocios y que a su madre nunca le gustó.
María Isabel Miranda se acuerda de la camisa de rayas rosa que vestía Hugo Wallace aquella mañana, porque fue la última vez que lo vio. Esa noche Hugo no se comunicó con ella como de costumbre, y a la mañana siguiente su madre supo por la sirvienta que no había dormido en su casa. Poco después su camioneta apareció abandonada. A la salida del cine, dos hombres le habían hecho subir al vehículo y conducir hasta una casa. Un vecino contará que vio cómo sacaban a un muchacho del vehículo por la fuerza y se lo llevaban a un apartamento cercano, en la calle Peruggino. Allí un niño dirá que escuchó balazos, y la llamada de otro vecino al número policial 060 confirmará sus palabras.
María Isabel avisa a las autoridades, pero pasan 30 días hasta que los secuestradores se ponen en contacto con ella. Junto con la exigencia de un rescate le llegan unas fotos de Wallace con las palabras: “Mamá, quiero regresar con mi hijita y con ustedes, no me fallen”. A la semana recibe otra carta donde le recriminan haber entregado las fotos a la policía, y amenazan de muerte a madre e hijo. Miranda comprende que en el caso hay policías implicados. A través de un anuncio en un diario y en internet, les dice a los secuestradores que está dispuesta a negociar. Una tercera carta insiste en el monto inicial del rescate y reitera las amenazas. Le sigue otro mensaje de Miranda donde dice que pagará esa suma. Después, nada más.
Pasa el tiempo y la policía sigue sin avanzar en el caso. Cansada de esperar varios meses en vano, María Isabel empieza a investigar el caso por su cuenta. Lo decide después de ver a los agentes remolcar sin ningún cuidado la camioneta de su hijo y declarar después que no había huellas digitales en ella. Con la ayuda de familiares, amigos y de gente común encontrará a los presuntos secuestradores, y uno a uno los conducirá a la policía para que los detenga.
Para ello utiliza nombres falsos, disfraces y hasta una peluca. Habla con vecinos, taxistas y vendedores del lugar donde apareció la camioneta. Un guardia de seguridad le habla de un hombre armado y tatuado que solía ir al apartamento, de quien se decía que había sido policía. Otros vecinos la llevan hasta el paradero de Juana Hilda González, la ex bailarina del grupo Clímax. María Isabel vigila la casa durante dos días y avisa a la policía, que allana el lugar y detiene a la joven. Varias pistas en el apartamento la llevan hasta César Freyre Morales, ex comandante de la policía judicial del estado de Morelos, apodado El Yanki y preso por corrupción.
María Isabel viaja hasta Morelos y consigue las direcciones de las casas donde Freyre había vigilado. Finalmente descubre el lugar donde éste vive en pareja, precisamente con Juana Hilda González. También averigua que Freyre sale con otra mujer llamada Keopski Daniela Salazar, que trabaja en un restaurante céntrico. Empieza a seguir a los sospechosos, hasta que el 26 de enero le oye decir a Salazar en el restaurante que en un par de días se va a El Salvador con Freyre. De inmediato María Isabel llama a uno de sus hermanos, que se acerca al restaurante. Juntos, ambos le siguen los pasos a Salazar al final de su jornada laboral.
Cuando Freyre la recibe en la puerta de su casa, María Isabel Miranda lo aborda y le reclama a su hijo. Éste le apunta con un arma hasta que su hermano se le acerca por detrás y lo reduce, mientras ella sale corriendo a pedir auxilio a unos policías. Antes de que se lo lleven detenido, Freyre acierta a amenazar de muerte a toda su familia.
Precisamente en Morelos sobreviene por esos días el desenlace de otro secuestro sonado: el del médico Joaquín Fernández Larios, de 31 años. Había sido raptado el 22 de enero después de visitar a un paciente en el Hospital México-Ángeles, en Colonia Escandón. A la media hora de ser secuestrado le envió un mensaje a su padre por el teléfono móvil, donde le pedía que no pagara el rescate. Sus padres prefirieron seguir las instrucciones de los captores, y negociaron el rescate a espaldas de la policía. El 2 de febrero efectuaron el pago en Morelos, y ese mismo día Joaquín fue asesinado.
Además de indagar de incógnito, María Isabel busca pistas llenando las calles del Distrito Federal de octavillas y vallas publicitarias. Empieza pegando folletos con una contraseña exigida por los secuestradores. Después de la captura de Freyre, decide publicar la foto de éste para encontrar testimonios en su contra. Primero lo hace en peródicos, hasta que varios empresarios le ceden espacios publicitarios gratuitamente o por un precio simbólico.
La publicación de la foto de Freyre da sus frutos: llamadas anónimas la dirigen hasta los hermanos Albert y Antonio Castillo Ruiz (alias El Panqué), sospechosos de participar en otro secuestro junto a Freyre. La confesión de la bailarina también apuntará hacia ellos. De nuevo la madre de Hugo localizará el paradero de los hermanos e informará a la policía, que los termina deteniendo el 22 de marzo. Los interrogatorios confirman lo peor: Hugo Alberto Wallace habría muerto de un infarto durante su cautiverio.
El éxito de la idea los decide a publicar enormes carteles en la vía pública ofreciendo una recompensa a cambio de información sobre los prófugos del caso, como Jacobo Tagle y su pareja Brenda Quevedo Cruz. Un martes de febrero de 2006, el Paseo de la Reforma del Distrito Federal amanece con un enorme cartel publicitario con la foto de la segunda, un teléfono y una recompensa de 50.000 pesos (unos 4.500 dólares) por su captura.
Aunque a María Isabel no le gusta poner precio a los captores de su hijo, cree que así evitará que éstos sobornen a quienes podrían denunciarlos. La idea le valdrá una demanda por daño moral y difamación a cargo del padre de César Freyre, de quien decía un cartel: “Si fuiste víctima de este delincuente denúncialo”. Miranda le responde preguntándole públicamente qué hizo o dejó de hacer él para que su propio hijo sea exhibido como un malhechor. También recibirá el apoyo del jefe de gobierno capitalino, Alejandro Encinas. Pero eso no es todo: a la semana recibirá amenazas de muerte en su teléfono móvil. “Hija de tu puta madre te vas a morir tú y toda tu familia”, dice un mensaje de texto firmado por “Brenda, quien mató a tu pendejo hijo”. María Isabel también escucha una voz anónima de mujer advirtiéndole: “Te va a pasar lo mismo que a tu hijo”.
Las pesquisas de la Agencia Federal de Investigaciones llevarán a la detención de la autora de las llamadas: Edith Marcial Flores, amiga de César Freyre que vivía en la misma calle que aquel. María Isabel reacciona solicitando al juez del caso, José Olvera, que Freyre no sea trasladado de la cárcel de alta seguridad de La Palma a un presidio local donde, según ella, no hay controles y podría seguir operando. Tony Castillo, Keopski Salazar, Hilda González y Alberto Castillo siguen entre rejas por el secuestro de Hugo, mientras Brenda Quevedo y Jacobo Tagle están prófugos. Se sospecha que también podrían estar implicados en el secuestro de Antonio Ruggeiro Martínez.
El 29 de marzo, la cuarta valla publicitaria. Esta vez muestra las fotos de Brenda Quevedo y Jacobo Tagle con la leyenda “Secuestradores y asesinos”. Recompensas de 50.000 pesos para quien conduzca a la primera, y de 250.000 para quien ayude a detener al segundo. Un quinto cartel muestra sólo la foto de Brenda Quevedo.
A fines de abril, un descubrimiento macabro. María Isabel había descubierto que Freyre era propietario de un terreno baldío en la colonia Río Balsas de Cuernavaca Morelos, a dos kilómetros del cuartel de policía donde trabajó durante años. Llevaba cinco años deshabitado, aunque hacía ocho meses que los vecinos veían que había movimiento por ahí. Le contaron a la madre de Hugo que a menudo venían dos personas y excavaban allí, ya que —decían— iban a construir un jacuzzi. Un mes después, a fines de abril, una veintena de agentes estatales y federales con perros adiestrados rastreó ese mismo terreno durante 24 horas.
El hallazgo fue hacia las cuatro de la tarde. Primero levantaron un bloque de cemento con la pala mecánica, debajo del cual había paquetes de carbón, utilizados para disimular los olores de cuerpos en descomposición. Más abajo había restos de cal, y debajo de éstos encontraron un cuerpo humano. Una bota de motociclista de punta chata era el único indicio de que podía tratarse de Hugo Alberto Wallace.
Poco después, Juana Hilda González Lomelí declara a la policía que Wallace murió entre convulsiones a causa de una paliza que le dieron sus secuestradores. Éstos incluso le sacaron fotos al cadáver con la cara vendada, para enviárselas a su madre y exigirle dinero por el rescate. Después compraron una sierra eléctrica con la que cortaron su cuerpo, y lo enterraron en un lugar desconocido.
Otra noticia trágica golpeará a la familia cuando Guadalupe Miranda Torres, la hermana de Isabel, aparezca muerte en su camioneta a inicios de julio de 2006 con una bala en el pecho. El autor del crimen fue su ex marido, en un arranque pasional, y de nuevo las pesquisas de la intrépida María Isabel llevarán a su detención días más tarde.
El caso de María Isabel Miranda evidencia la falta de confianza de los mexicanos en la justicia y las fuerzas de seguridad, y la implicación de agentes en grupos dedicados a los secuestros. Por algo el Partido Nacional acercó en su día al parlamento mexicano 100.000 firmas pidiendo leyes que solucionen la inseguridad: ocho de cada diez delitos en México no se denuncian, según un estudio de la Universidad de Guadalajara.
El torrente de asaltos y secuestros seguirá irrigando tierras mexicanas durante 2008, con crecidas periódicas. En mayo le tocará, por ejemplo, a la ciudad de Aguascalientes: allí vive el cantante Napoleón, cuya familia fue golpeada y robada en su propia casa mientras los asaltantes se llevaban el reloj que su padre ganó en el festival de canción de la OTI. En marzo, la estudiante de 20 años María del Carmen Vargas, de la ciudad de Tulancingo, fue raptada y asesinada cuando sus captores (entre quienes se contaba su primo) supieron que no les iban a pagar cinco millones de pesos por su vida. Mientras las fuerzas de seguridad se ven superadas por los asesinatos de altos mandos policiales y de la AFI, cuatro mujeres eran secuestradas en Acapulco en una semana. En julio, Italia se despierta con la noticia del secuestro un mes atrás del veronés de 52 años Claudio Conti, en su local de Playa Zicotella. La vida de Conti, residente en México desde 1982, inspiró la novela Puerto Escondido de Pino Cacucci, convertida en película por Gabriele Salvatores.
En el Distrito Federal, en cambio, los raptos bajaron un 16 por ciento durante 2007, como 16 son los años de la líder de una banda de secuestradores detenida por el rapto de un empresario restaurador. Otro quebradero de cabeza para los capitalinos son las llamadas extorsivas: suman 1,13 por minuto en el Distrito Federal. En febrero se hace público que allí también operan por lo menos cinco bandas dedicadas al secuestro exprés en las estaciones de metro. El 15 de enero, Sergio Santiago Rico y Víctor Vartieto Chávez prefirieron viajar en una camioneta Nissan Plata. Los secuestraron, y una semana después sus cuerpos aparecieron en el vehículo, dentro de bolsas negras atadas con cinta de donde se salían las manos de los cadáveres. Cambiando de región, estados con alto flujo migratorio como Oaxaca (donde el hijo del gobernador sufrió un intento de secuestro en mayo de 2008), Veracruz, Tamaulipas y Tabasco registran un auge de secuestros de migrantes centroamericanos indocumentados con parientes en países ricos como Estados Unidos: en algunos casos, las bandas están integradas por policías y funcionarios municipales.
México sí vivirá una segunda gran marcha el 30 de agosto de 2008, con los ingredientes habituales de este tipo de actos: un puñado de casos emblemáticos de clase media alta, el mensaje angustiado de varios familiares de víctimas, una plataforma civil, intereses políticos y medidas de emergencia de por medio, un debate exacerbado sobre la inseguridad en los medios, y una protesta con vocación internacional, al estilo de los pioneros colombianos de Un Millón de Voces contra las FARC.
Esta vez el revulsivo será la aparición del cuerpo sin vida del joven de 14 años Fernando Martí Haik, el 31 de julio. Había sido raptado el 4 de junio. Era un adolescente deportista que escuchaba rock, usuario con cuenta propia de la red social Hi5 e hincha de Cruz Azul, el equipo que dirigía el argentino Rubén Omar Romano cuando también fue secuestrado. Llevaba su uniforme de colegio cuando un falso control policial detuvo el coche en que viajaba con su coger y se lo llevó. La familia contrató a un profesional para negociar el rescate, que terminó pagando en vano. El cuerpo de Fernando apareció en el maletero de un vehículo al sur del Distrito Federal.
En los días previos al acto el padre de Fernando, el empresario deportivo Alejandro Martí, pidió al presidente y a las autoridades una cumbre urgente para combatir la ola de secuestros en el país, y presentó un petitorio en una rueda de prensa junto a México Unido Contra la Delincuencia. Por su parte, el presidente Felipe Calderón hizo llegar al Congreso un proyecto que propone la cadena perpetua para los secuestradores. Martí aprovechó para anunciar que creará una fundación con el nombre de su hijo para ayudar a las víctimas de la inseguridad: exactamente lo mismo que cuatro años atrás hizo Juan Carlos Blumberg tras el secuestro y asesinato de su hijo Axel. De hecho, entre las cinco propuestas que México Unido presentó para combatir el secuestro está el registro de los propietarios de teléfonos móviles. La semana anterior, el gobierno argentino adelantó que planeaba tomar una huella digital a todo el que compre un móvil, una propuesta que Blumberg ya presentó años antes en calidad de pionero en su país.
La leña al fuego la añaden noticias como el hallazgo del cadáver de un pastor evangélico raptado en Nuevo Laredo, reportajes sobre olas de secuestros a colegiales y universitarios (que afirman que una de cuatro víctimas de secuestro es estudiante), y advertencias al país hasta por parte de Unicef. La política demuestra sus reflejos con la asistencia del presidente Calderón en el funeral de Fernando Martí.
La semana previa al acto se añade un segundo caso de martirologio hipermediático: el de la joven de 18 años Silvia Vargas. Sus padres lanzan una campaña en los medios para exigir su liberación. Silvia es hija de Nelson Vargas, ex titular de la Comisión Nacional del Deporte, y de Silvia Escalera. Fue secuestrada el 10 de septiembre de 2007. Pidieron tres millones de dólares por ella, y sus padres reunieron la misma cantidad en pesos. Los captores cortaron todo contacto con sus padres a los 17 días, y no hubo más noticias. “Si mi hija está con Dios, díganmelo”, pidió su madre tras once meses de silencio. También colocó un enorme cartel publicitario en el cruce del Paseo de la Reforma y Circuito Interior, igual que dos años antes hiciera María Isabel Miranda.
La manifestación silenciosa —con velas y ropas blancas— en todas las grandes ciudades mexicanas y algunas estadounidenses (hasta Israel registrará su marcha paralela el 30 de agosto) es convocada por Coparmex, el Movimiento ProVecino y otros, reunidos bajo el nombre Iluminemos México. Bajo este nombre se crea una web y espacios en las principales redes sociales en la red de redes, desde YouTube a MySpace, Facebook, Blogger y Hi5. Más allá de las críticas de servir a intereses conservadores de la oposición y de la lluvia, el acto en sí abarrota el Zócalo y es un éxito de masas en todo el país, paragonable a la marcha de 2004. Un detalle: los secuestradores de un niño de doce años, raptado dos días antes, cobraron el rescate en medio de la marcha. Citaron a sus padres junto al Ángel de la Independencia en medio de la manifestación, y por allí dejaron libre al chico después de recibir el dinero.
Entre la crisis que a partir de 1994 empobrece al país y el estreno de la película norteamericana Hombre en llamas, íntegramente rodada en el Distrito Federal y con Denzel Washington en el papel de un custodio que se enfrenta a las mafias del secuestro mexicanas, hay una atiborrada sucesión de cifras, polémicas y testimonios. Sin salir del gremio de actores de Hollywood, en septiembre de 2004 la actriz británica Catherine Zeta-Jones casi es secuestrada en San Luis Potosí, al norte de la capital. Una banda armada intentó desviar la limusina en que la estrella regresaba del rodaje de La leyenda del Zorro, aunque el vehículo de sus guardaespaldas logró bloquear el coche de los delincuentes.
Fernando Schütte considera que de un tiempo a esta parte la ciudadanía “está mucho más involucrada en lo que a seguridad pública se refiere, y por lo tanto es mucho más exigente y demanda más acciones por parte de las autoridades. Sin embargo todavía hay mucho por hacer: aun cuando los índices de criminalidad han disminuido, no es suficiente”. Coparmex afirma que se denunciaron un 22 por ciento menos secuestros en cuatro años, lo cual no significa necesariamente que se rapte menos. Por ejemplo, aunque las cifras oficiales hablan de 422 denuncias durante 2003, sólo uno de cada tres casos se da a conocer a las autoridades. Los 315 casos denunciados en 2005, por tanto, probablemente sean bastantes más. La Procuradoría también sostiene en un informe reciente que al desmantelar las grandes organizaciones criminales las bandas de secuestradores se atomizaron, y ahora se forman de manera más improvisada.
Un informe de la calificadora de riesgos Kroll Inc. va más lejos y cifra en 3.200 los secuestros habidos en México ese mismo año, sólo superados por los 3.700 de Colombia. Según un estudio presentado en el Congreso mexicano, con esos raptos los secuestradores habrían ganado unos 900 millones de dólares, obtenidos principalmente en los estados de Guerrero, Tamaulipas, Sinaloa, México y el Distrito Federal, que concentra un tercio de los casos. Sin contar la “vacuna” o cuota que muchas familias pagan para no ser secuestradas. Además, se cree que las FARC colombianas habrían formado a secuestradores mexicanos. En un mundo donde se registran unos 30.000 secuestros al año (es decir, 82 por día), uno de cada cinco secuestrados no sobrevive a su cautiverio en México.
El estudio de Coparmex, realizado en base a datos de años dispares, sitúa a Brasil, Venezuela, Argentina y El Salvador después de México en número de secuestros, así como a Filipinas, Honduras, Guatemala, Nigeria e India. Sin embargo, a juzgar por las estadísticas oficiales, el país está lejos de los 1.047 casos denunciados en 1997, así como de los 732 de 2001. La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aporta otra cifra: 947 denuncias de secuestro entre 2000 y 2005 presentadas al Ministerio Público, de las cuales 41 terminaron con la muerte del cautivo. Una modalidad en alza son los secuestros virtuales, que especialmente apuntan a los inmigrantes mexicanos residentes en Estados Unidos y a sus familias. Los investigadores creen que los extorsionadores consiguen sus datos a través de empresas que envían transferencias de dinero al exterior.
El secuestro da mucho que hablar en México, y de maneras muy diversas. Las bandas tienen nombres como Los Ántrax (desmantelados en 2002 y responsables de al menos once raptos) o Los Costureros, y sus integrantes lucen apodos como el tristemente célebre Daniel Arizmendi, alias El Mochaorejas. Operan tanto en libertad como entre rejas: de hecho, en 2006 calcularon que sólo en los presidios del Distrito Federal funcionaban once de las bandas de secuestradores más activas del país.
Sus potenciales víctimas se informan leyendo el libro No sea candidato a un asalto o secuestro, firmado por Ignacio H. de la Mota. Las que ya lo padecieron pueden protagonizar una obra teatral escenificando su propio cautiverio: como Laura Zapata, que el 16 de septiembre de 2005 estrenó en el Teatro Helénico Cautivas, obra escrita por el dramaturgo Victor Hugo Rascón. Un mes después, Zapata visitó a Rubén Omar Romano y pasó siete horas en un careo para reconocer a sus presuntos secuestradores. No tuvo suerte, aunque terminó firmando autógrafos y sacándose fotos con los acusados mientras le decían: “¡Ay, la queremos!”.
Otras prefieren poner su vivencia en escrito, al igual que Virginia Fabián en su obra de autoayuda Secuestrada. Y otros, como el secretario de Justicia y varios altos funcionarios, se colocan microchips bajo la piel del brazo con un sistema de identificación vía satélite incorporado. Mientras tanto, el Procurador de Justicia del Distrito Federal tuvo que salir a criticar la inminente salida al mercado de un videojuego inspirado en la industria del secuestro mexicana.
Uno de los puntos del petitorio hecho público en la marcha de 2004 destaca que, según encuestas recientes en la capital, la mitad de la población aceptaría arriesgarse a los abusos policiales si con ello se terminara con la ola de delincuencia. El temor y el desconocimiento de referentes realmente democráticos que hayan resuelto el problema, afirma, llevan a esta contradicción que se extiende por las democracias latinoamericanas. Añaden un dato: en 1931 la pena máxima contra el secuestro era de veinte años. Hoy subió hasta setenta, y el delito continúa en aumento. La penúltima cucharada de esta receta punitiva se sirve a fines de abril de 2005, cuando el Senado convierte el secuestro exprés en delito federal y lo castiga con penas de 15 a 40 años de cárcel.
Realizar diagnósticos realistas y aportar soluciones efectivas son las metas del Tercer Congreso de Seguridad Ciudadana que se celebra al mes siguiente. “Fue todo un éxito”, afirma Fernando Schütte, “ya que al igual que el año pasado surgieron propuestas muy interesantes y factibles para llevarse a cabo en este tema de la inseguridad y procuración de justicia. Los ponentes que participaron fueron personalidades de gran nivel, tanto académicos como magistrados, funcionarios de las diferentes entidades de seguridad pública y justicia, así como víctimas del delito y defensores de los derechos humanos. Dentro de las mesas de trabajo se trató el tema de la inseguridad en el ámbito internacional, y contamos con diversas personalidades latinoamericanas que expusieron la situación en sus países, encontrándonos con factores idénticos y posibles soluciones en común”.
Uno de esos ponentes es Juan Carlos Blumberg, a quien llevan a recorrer la Universidad, la basílica, el Palacio de Gobierno y otros sitios de interés del Distrito Federal. Blumberg muestra algunos retratos que sacó de unos mariachis callejeros, de la iglesia y de una imagen de Juan Pablo II en el exterior del templo. De golpe, entre el álbum de las fotos de recuerdo aparece el organigrama de una banda de delincuentes, en un despacho lleno de agentes uniformados. Blumberg fotografió cuanto halló de interesante en su visita a la recién creada Agencia Federal de Investigaciones (AFI), el FBI mexicano. Por la cantidad de imágenes, le resultó interesantísima: “Usted no sabe el orden que tienen. Son 6.500 personas. Cómo hacen todo el diagrama cuando hay un llamado, van localizando el lugar del país: realmente muy, muy bueno. Yo me quedé frío. Un día estuve: me dejaron ver todo, fue muy útil para mí, para extraer cosas. Trabajan con un sistema de células, o sea, que los que hacen las investigaciones nunca saben todo para que no se pueda filtrar información. Sería lo que estamos pidiendo para todo el país”. Le siguen imágenes de la oficina de la Interpol que funciona dentro de la AFI, vehículos camuflados con tapicería de plástico y una demostración de perros policías (“No los drogan ni nada, ¿sabe que el perro huele 250 aromas?”) que detectan drogas, armas o explosivos.
Mientras Vicente Fox minimizaba el problema de la inseguridad ante los corresponsales extranjeros, se hacía público que el secuestro era el único delito que aumentó en el primer semestre de 2004 en el Distrito Federal, con 156 casos. Las autoridades destacaban un descenso general de la delincuencia en un 8,3 por ciento. Aparentemente mitigado el conflicto con la guerrilla zapatista en el estado sureño de Chiapas, el foco de atención internacional se traslada al norte, en la frontera con Estados Unidos, donde se suceden las muertes por posibles ajustes de cuentas entre narcotraficantes. Que en sólo cinco meses de 2008 sumaban 1.378 cadáveres, un 47 por ciento más que el año anterior. Los mismos narcotraficantes que exigen hasta 50.000 dólares a médicos especialistas de Tijuana para no ser secuestrados, como se hizo público tras las manifestaciones convocadas por miles de doctores en mayo de 2008.
A inicios de junio de 2005, autoridades federales y locales anuncian el plan México Seguro para combatir la violencia en varios estados norteños. El plan podría trasladarse al Distrito Federal, donde según los medios mexicanos varios clérigos, industriales y el propio Schütte son favorables a la intervención del Ejército. Desde inicios de ese año ya murieron en el norte mexicano 500 personas, 200 de las cuales lo hicieron en el estado de Sinaloa.
El símbolo mundial de los crímenes impunes en el norte es la multitud de niñas y jóvenes violadas, estranguladas y mutiladas a la vera de los caminos que llevan a Ciudad Juárez: Más de 420 mujeres muertas en los últimos 15 años. Hace tiempo que las mujeres del lugar las recuerdan plantando cruces pintadas de rosa allí donde fueron encontradas, enfrentando el voto de silencio de las autoridades y las amenazas de muerte. El informe anual de Amnistía Internacional destaca los asesinatos y desapariciones de mujeres en Chihuahua como una de las prioridades a resolver en materia de derechos humanos en el país.
Otro estudio de la fiscalía especial para la atención de delitos violentos contra las mujeres, publicado en septiembre de 2006, cifraba en 1.600 las mujeres asesinadas ese año en México, la mayoría dentro del entorno conyugal. Por si todo esto no bastara, en 2006 se sumó una ola de ejecuciones que también incluía enclaves turísticos mexicanos: la macabra guinda la puso el hallazgo de un policía decapitado en Baja California. Tres agentes más serán secuestrados en Guerrero en junio de ese año. Muchos de estos hechos se atribuyen a la mara Salvatrucha, que se calcula que suma cinco mil miembros en todo México.
Mientras tanto, los raptos siguen aderezando la sección de policiales de medios locales y foráneos. Como el 19 de junio de 2006, cuando agentes mexicanos rescataron a la bebé Alejandra Gómez, de 19 meses, en Puebla. La tenía el novio de su madre, que además estaba buscado en San Diego por el asesinato de ésta. El caso exigió la cooperación entre autoridades mexicanas y estadounidenses. Al igual que el secuestro de Librado Piña (hijo), un residente del estado de Texas secuestrado por unos 40 hombres armados el 26 de noviembre de 2006, mientras cazaba venados junto a cuatro hombres más en su hacienda mexicana. Cuando se produjo su liberación en Nuevo Laredo tres semanas después, el FBI norteamericano recordaba que todavía había 27 estadounidenses más secuestrados en México.
Uno de cada cinco hogares mexicanos sufrió algún tipo de delito, según cifras oficiales. Las fuerzas del orden (como una polémica policía de seguridad preventiva creada años atrás y que fue criticada por incluir miembros del Ejército) comparten los mismos problemas que sus pares argentinas, a saber, la falta de recursos y la escasa formación de sus agentes, lo que favorece las corruptelas. Uno de sus peores enemigos de los últimos años son las maras o pandillas violentas compuestas por jóvenes, que se extienden por toda Centroamérica. Su evolución las está transformando en bandas criminales dedicadas, entre otras cosas, al secuestro; e incluso se están inflitrando entre las 30.000 pandillas que reúnen a 800.000 miembros en 2.500 ciudades de Estados Unidos, según afirma el FBI.
En este contexto, iniciativas como la de Fernando Schütte surgen a raíz de “una preocupación general por la seguridad de los que vivimos en esta ciudad. Por rescatar nuestra calidad de vida, por darle a nuestros hijos un mejor lugar para vivir”. Pese a todo, el hombre fuerte de las campañas civiles mexicanas ve signos positivos, ya que “poco a poco la gente ha ido ganando voz y voto, se ha ido interesando e involucrando mucho más, haciendo ejercer su voz ante las autoridades».
La cercanía de fechas entre el Tercer Congreso de Víctimas de la Delincuencia y la frustrada segunda marcha por las calles del Distrito Federal impidió que esta última se extendiera a Argentina y otros países latinoamericanos, donde “la problemática es similar y podría tener un gran impacto en cuanto a las soluciones que todos buscamos a nivel internacional”. En ese sentido, Schütte considera muy positivo el contacto que mantiene con Juan Carlos Blumberg: “Por supuesto, la problemática de México y Argentina es muy similar, y creo que si unimos esfuerzos se pueden obtener grandes logros a nivel internacional”.
Mientras se plantea la posibilidad de convocar a una nueva marcha, la segunda cara más visible de las campañas cívicas contra la inseguridad en América Latina aventura sus planes para el futuro: “Seguir luchando por México. La inseguridad sigue siendo una constante en nuestro país y por ello es que, independientemente de la situación política actual, hoy más que nunca debemos seguir insistiendo en este tema, participando quienes creemos que México es nuestro y por ende nuestra responsabilidad”.
El secuestro en Latinoamérica 